La mitad del PIB mundial, unos 40 billones de euros, dependen directamente de la naturaleza. Sin embargo, algunos informes y estudios oficiales afirman tajantemente que “el mundo ha visto una disminución del 60% de especies silvestres en los últimos 40 años” o que “alrededor del 75% de la Tierra y el 40% del medio ambiente terrestre y el medio ambiente marino han cambiado drásticamente” en los últimos años. Ante esta situación queda claro que el uso insostenible de la tierra y el mar, la sobreexplotación de recursos naturales o la contaminación están poniendo en riesgo incluso la propia supervivencia del ser humano.
Para luchar contra estos problemas se han firmado numerosos acuerdos y tratados que pretenden legislar y conseguir un consenso mundial que permitan crear una economía sostenible. Algunos de los tratados más destacados son la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 que recogía como obligación el incluir la enseñanza ecológica como parte integrante de la educación o la Estrategia de Biodiversidad 2030 que sienta las bases para la recuperación en un mundo post-pandémico, aportando empleo y crecimiento sostenible.
En este marco, a parte de los compromisos acordados por los gobiernos, es fundamental el papel que puedan representar tanto empresas como particulares. En España generamos unos 575 kilos de desechos al año por persona, es decir, una ingente cantidad de recursos naturales desperdiciados, que también puede ser una fuente de empleo verde. Por tanto, se convierten en imprescindibles proyectos como Ecolabora Red. Una iniciativa que une el mundo de la empresa con la ciudadanía y que pretende crear empleo, conservar y proteger la biodiversidad, y bienestar en el marco de la economía verde.
Un freno para la despoblación.
Ecolabora Red, supone, además, un freno para la despoblación en el ámbito rural de las Comunidades Autónomas en las que se desarrolla el proyecto. Cabe destacar que según el informe anual 2020 realizado por el Banco de España hasta un 42% de los municipios del país están amenazados por esta situación. En concreto, Andalucía, Extremadura o las Islas Canarias son algunas de las Comunidades más afectadas.